21/05/2015 Ámbito Financiero – Nota – Ambito Nacional – Pag. 20
Jurados: no en causas de menores
Buenos Aires – La Suprema Corte de Justicia resolvió que los juicios por jurados -modalidad que debutó en la provincia en marzo pasado- no podrán ser aplicados en causas que tengan a menores como imputados.
La resolución fue definida frente a consultas elevadas por magistrados de Responsabilidad Penal Juvenil respecto de si el mecanismo podía ser utilizado también en ese fuero.
A priori, la norma sancionada por la Legislatura en septiembre de 2013, a instancias del gobernador justicialista Daniel Scioli, contempla que el sistema podrá ser usado -a pedido del imputado- en causas que contemplen penas de más de 15 años (como homicidios, violaciones, secuestros y robos agravados).
Ahora, según lo consignado por El Día de La Plata, el máximo tribunal provincial concluyó que no está prevista su aplicación para el juzgamiento de menores.
Según la Corte local, la norma que instaura la aplicación de los jurados populares en Buenos Aires incorporó en el Código Procesal Penal, como órgano de juzgamiento, al “tribunal de jurados”, pero “sin haber reformado la ley especial que rige el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la Ley Penal, según la cual el juicio compete a los jueces y tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil”.
En paralelo, el gobernador justicialista Jorge Capitanich se mostró a favor de que “este año Chaco surja como una de las provincias que cumple una manda constitucional actualmente incumplida”, en referencia a la utilización de ese sistema, hoy en categoría de proyecto en el distrito del nordeste.
En esa línea, alentó los reclamos que puedan surgir para que, “con esos aportes, sea aprobado este año”.
Fue durante una Jornada de Juicio por Jurados para difundir el proyecto del Ejecutivo local. La iniciativa fue organizada por el Gobierno chaqueño, junto con la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
21/05/2015 Diario Popular – Nota – Policiales – Pag. 15
EXCARCELADO POR UN CONTROVERTIDO FALLO DE CAMARA DE APELACIONES‘
Le dieron 10 años por abuso, fue preso un día y quedó libre
Es un hombre de 47 años que fue sentenciado por haber violado a su hijastra, cuando la chica tenía entre 11 y 13 años. Le daba dinero para que no hablara y la amenazaba con no dejarla ver a los hermanos.
Un hombre fue condenado el martes por abusar sexualmente de su hijastra, entre los 11 y 13 años. El sujeto aprovechaba cuando estaba solo con la niña en una casa de Lomas de Zamora para someterla y le daba plata para que no le cuente a su madre.
Así, el depravado recibió un castigo de 10 años de prisión. Sin embargo, ayer fue liberado por una controvertida decisión de otro tribunal, por lo que sólo permaneció preso un día.
Se trata de una polémica decisión de los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que liberó el miércoles a un hombre condenado el martes a 10 años de prisión por violar a la hijastra.
Durante la investigación, se comprobó que el abusador le daba dinero a la menor para que 110 hablara, pero también la amenazaba con no dejarle ver a sus hermanos.
La polémica medida, informó el portal Diario Conurbano, fue tomada por los jueces Marcelo Soukop, Pablo Little y Alejandro Rojas, quienes hicieron lugar al planteo realizado por el defensor oficial Martín Beherán, quien el martes presentó un hábeas corpus tras la detención de su defendido al conocerse el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora.
Darío Antonio Echegaray Benítez, 47 años, llegó libre al juicio oral. Con la decisión de la Cámara de Apelaciones volvió a estar en libertad, tras una breve detención “de 24 horas, hasta que el Tribunal deCasación Penal bonaerense deje firme el fallo.
Según trascendió en Tribunales, los camaristas habrían tomado el criterio de “la doble instancia que requiere la decisión de dos tribunales para que una condena quede firme”.
El hombre fue condenado a 10 años de prisión por el delito de ‘abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores”.
Durante el juicio oral se comprobó que el hombre abusó sexualmente de su hijastra, de 11 años entre 2011 y 20013.
“Etchegaray Benítez le daba plata a su hijastra para que no contara los abusos a los que la sometía.
Además, la amenazaba con no dejarla ver a sus hermanos”, confió una fuente judicial.
En el juicio 8 peritos psicólogos y psiquiatras fueron concluyentes al indicar que la menor no mentía y al detallar las consecuencias de los abusos. Además, se acreditó que el padrastro le pegaba.
Si bien la madre fue la denunciante, todo salió a la luz cuando una asistente social de la escuela a la que concurría recibió la confesión de la adolescente de los abusos de su padrastro.
La fiscal Viviana Simón solicitó en su alegato 10 años de prisión para el acusado que fueron ratificados como condena por el TOC 1.
Al entender que había “peligro procesal” ya que al finalizar el juicio el condenado amenazó a su pareja, los jueces dispusieron la detención de Etchegaray Benítez.
Rápidamente, el defensor oficial Martín Beherán interpuso ante la Cámara de Apelaciones de Lomas un hábeas corpus para que se revierta la prisión dictada por el TOC. “Esta decisión era posibilidad muy fuerte ya que en casos similares Soukop, Little y Rojas han tomado como criterio mantener la libertad de los imputados”, indicaron las fuentes consultadas.
21/05/2015 Página 12 – Nota – Sociedad – Pag. 20
DENUNCIAN QUE UNA DETENIDA DIO A LUZ EN LA PLATA ATADA A LA CAMA
De parto y esposada por si acaso
La mujer, presa en la U33 de Los Hornos, fue trasladada al hospital público San Martín, para dar a luz. Durante el trabajo de parto la esposaron a la cama. La sometieron a cesárea, la volvieron a esposar y le quitaron a su bebé.
Una mujer que se encuentra detenida en el penal de Los Hornos fue obligada a parir con un pie esposado a una camilla en el hospital San Martín de La Plata, incluso luego de haber sido sometida a cesárea. Pese a que su beba nació en grave estado, sólo le permitieron estar unas pocas horas con ella, por lo que perdió el contacto con la criatura y se interrumpió la lactancia y todo lo que en casos habituales se supone como imprescindible provisto por una madre a su bebé. Los abogados defensores de la víctima denunciaron al Servicio Penitenciario Bonaerense y al centro de salud público por el delito de “torturas”. La Justicia bonaerense ordenó al director de la cárcel que arbitre los medios necesarios para que la mujer permanezca las 24 horas con su hija, bajo las medidas que estime pertinentes.
Victoria Jorgelina Toloza, de 35 años, detenida en el penal de Los Hornos, próximo a La Plata, comenzó a tener contracciones de un embarazo que cursaba a término. El SPB dispuso entonces su traslado desde el penal al hospital San Martín para dar a luz.
“En el hospital la esposaron y la encadenaron a la camilla mientras hacía el trabajo de parto -denunció uno de los abogados de la víctima, Ignacio Trimarco-. Después la llevaron al quirófano porque debieron hacerle una cesárea y cuando terminó la intervención médica, volvieron a ponerla en la camilla esposada.”
El abogado sostuvo que Toloza “sufrió un trato inhumano”, mientras que “la beba aparentemente tiene un problema neurológico y falta de azúcar en sangre y está siendo atendida en neonatología del hospital”. Aunque la recomendación en estos casos es que la madre permanezca junto al bebé, cuando a la mujer le dieron el alta el domingo, los efectivos la llevaron nuevamente a prisión, por lo que perdió todo contacto con la criatura y se interrumpió la lactancia. Mientras tanto, los familiares de la madre intentaron obtener información del estado de la beba, pero les fue negada sin que exista ningún motivo valedero para ello, aseguró el abogado de Toloza.
A su vez, agregó que a la mujer sólo le permitieron estar una hora con la niña el lunes y seis horas el martes. Esto ocurrió luego de las presentaciones judiciales que efectuó para alertar sobre el estado de salud de la recién nacida y de la madre, obligada a ir y volver de la prisión pese a haber dado a luz el viernes.
El abogado destacó el “shock psicológico” que le provocó toda esta situación a Toloza y apuntó como responsables tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense como al hospital público. Además recordó que la Ley Nacional 25.929, conocida como Ley de Parto Humanizado, dice que “toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna y a la internación conjunta con su madre en sala”. La norma también prevé que los padres deben “recibir información comprensible, suficiente y continuada sobre el proceso de salud de su hijo o hija”.
Los abogados encuadraron el hecho en el delito de “torturas” y denunciaron tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como al hospital San Martín. En forma paralela, el juez de Ejecución Penal 1 de La Matanza, Claudio Raciti, pidió ayer que se investigue el caso y ordenó al director de la Unidad Penal 33 de Los Hornos que “arbitre los medios necesarios para que Toloza permanezca las 24 horas” con su hija bajo las medidas que estime pertinentes.
“En caso que personal del hospital no autorice la permanencia de la nombrada, se informen inmediatamente sus datos personales con el objeto de actuar lo que por derecho corresponda”, remarcó.
Raciti pidió al director de la cárcel que personal de la unidad “debe apersonarse en el hospital con el objeto de que se le haga entrega de una copia de la historia clínica de la menor y de la condenada”. También solicitó que se le informe el estado de salud actual y el tratamiento médico-farmacológico que está recibiendo la niña.
Respecto de lo sucedido durante el parto, Raciti envió un oficio a la fiscalía de turno de la Plata y a la Asesoría de Menores e Incapaces para que investiguen si se cometió algún delito de acción pública.
21/05/2015 Clarín – Nota – Sociedad – Pag. 33
Avanza el jury contra los dos camaristas cuestionados
La Corte bonaerense emitió ayer un dictamen que avala el juicio político. Repudio de la Legislatura.
la plata. Corresponsalía Fabián Debesa laplata@clarin.com
Acorralado por la presión pública y las embestidas institucionales, Horacio Piombo, el camarista que firmó el polémico fallo a favor de un abusador de menores, vislumbra que no podrá permanecer mucho tiempo más en su cargo. “Yo ya me siento afuera del Poder Judicial”, le dijo ayer el magistrado a Clarín.
Piombo, junto con Benjamín Sal Llargués resolvieron modificar la calificación en el caso de Mario Tolosa, el dirigente de un club de fútbol que abusó de un nene de 6 años en el baño del lugar.
Los camaristas consideraron que no hubo “abuso gravemente ultrajante” porque el menor ya había sido abusado antes del ataque del dirigente, porque tenía actitudes “travestidas” y una inclinación “homosexual”.
Ayer, la Cámara de Diputados bonaerense votó un “repudio” al fallo controversial. También se supo que la Procuración de la Corte emitió un dictamen que avala otro pedido de juicio político anterior contra los integrantes de la Cámara de Casación, que está más avanzado. Es por el llamado caso “Avalos”, el pastor violador.
El religioso fue condenado por violar y dejar embarazadas a dos adolescentes de 14 y 16 años.
Les decía que “se venía el fin del mundo”. Piombo y Sal Llargués bajaron de 18 a 9 años y 7 meses la pena. Argumentaron que “tener relaciones con mujeres que viven en comunidades donde el nivel social acepta relaciones a corta edad? no lo veo como un quehacer aberrante y repulsivo que hiera la integridad sexual”.
Ayer en la Legislatura provincial se mencionaba una “inminente” separación de los jueces. “Por el caso del pastor estamos cerca de suspender a Piombo y Sal Llargués”, dijo a Clarín el diputado Guido Lorenzino (FPV). En el sitio de internet Change.org, anoche se acercaban a 90 mil las firmas de particulares para que se inicie el juicio político pero por el caso del menor abusado.
“Tengo 72 años, más de 40 en la Justicia y no estoy para afrontar ataques políticos. Quieren mi lugar sectores de dentro de la Justicia y desde el oficialismo”, comentó Piombo, casi resignado.
Clarín pudo saber que la Suprema Corte provincial inició además un sumario “interno” por otra causa en la que se habrían detectado interpretaciones “absurdas” de la ley. Ese carril administrativo también puede derivar en sanciones.
Otras manifestaciones de rechazo se registraron en ámbitos académicos. Piombo es titular de Derecho Internacional Privado en la UNLP. La Federación Universitaria de La Plata (FULP) y otras organizaciones estudiantiles realizaron una protesta frente a la facultad.
Tenían previsto un “escrache” en la clase y toma de parciales.
Pero el juez no apareció. Anoche, los estudiantes decidieron tomar la sede de Ciencias Jurídicas de la UNLP “hasta que las autoridades expulsen a dos docentes”.