Estimados asociados, les hacemos saber que nuestra institución en conjunto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, representada por nuestro Presidente, en su carácter de Titular de Comité Ejecutivo Provincial, ha llevado adelante en el transcurso de este año múltiples gestiones tendientes a encarar la cuestión salarial desde un punto de vista integral.
Para ello, se han sostenido reuniones prácticamente semanales con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia provincial, con la Procuradora General provincial, Ministros de Justicia, Trabajo y Economía- Poder Ejecutivo provincial-, Legisladores de distintos bloques, con la Asociación Judicial Bonaerense y con los medios de comunicación.
Al día de la fecha nos encontramos próximos a una nueva reunión con el Poder Ejecutivo provincial en procura de una pronta solución a las cuestiones planteadas, que resultan ser las más abajo enunciadas.
Puntos primordiales de la discusión salarial:
* Se insiste en el reconocimiento de la representación del Colegio Provincial en las discusiones salariales.
* De igual modo, se propicia una política salarial permanente, sostenible y suficiente, con miras a la equiparación con la Justicia Nacional. Nos hemos propuesto como meta destrabar las negociaciones anuales por salarios y establecer definitivamente una política salarial que tenga, como punto de llegada, la equiparación de remuneraciones con la Justicia Nacional, para todo el Poder Judicial, incluidos los empleados. Sobre este punto -y luego de un estudio pormenorizado sobre la cuestión- se advierte que para la categoría de magistrados las diferencias en porcentajes llegan hasta un 43,5% y en niveles de funcionarios hasta un 29,4%. Entendemos que dar batalla a esta política genera la obligación de arribar a un pacto en el que se tienda a la equiparación salarial con el Poder Judicial de la Nación, proponiendo su eliminación progresiva en 4 años, a razón de dos aumentos por semestre, que tienda a equiparar dichos salarios. En este sentido se considera que para no seguir ampliando la brecha provocada por el último incremento del 10% a la Justicia Nacional, se debería implementar un plan a mediano plazo que lleve a la equiparación y que reconozca como primera medida de encaje una propuesta que como mínimo reconozca por parte del Poder Ejecutivo provincial un 10% retroactivo a enero. Y, a partir de allí tratar de disminuir los efectos distorsivos que han afectado el salario (pérdida del poder adquisitivo, efecto inflacionario, aumento del costo de vida en todos sus aspectos), negociando un valor estimativo de recomposición.
* No aceptar aumentos diferenciados ni escalonados. En tal sentido es simple advertir la “política salarial” de aumentos diferenciados efectuados conforme a la masa salarial en beneficio a los agentes de menor jerarquía y en detrimento de aquellos que ocupan un mayor grado en la pirámide organizacional y administrativa del Poder Judicial. No estamos de acuerdo con esa postura ni con su continuidad, no sólo para que no existan más aumentos diferenciados, sino tampoco con aquellos que en forma indirecta implican un aumento diferenciado encubierto.
* Todos los aumentos o recomposiciones deben ser remunerativos.
* Establecer que el Proyecto de Autarquía presentado por la SCBA marca el camino de la equiparación salarial.
* Finalmente, y en caso de que no se acepte dicha propuesta, se ha establecido que como mínimo no puede aceptarse menos que la inflación calculada, que hoy ronda el 35 % anual.
Para concluir, le hacemos saber que también se está evaluando un plan de acción del Colegio Provincial en caso que las negociaciones resulten infructuosas, circunstancia que será comunicada a la brevedad.