El vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, el juez del TOC 3 de Morón, Diego Bonanno, en una entrevista en exclusiva, abordó al detalle de por qué hay más de 750 cargos sin cubrir en el Poder Judicial de la Provincia y cómo esto repercute en lo cotidiano en la administración del servicio de justicia.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón, Diego Bonanno, acaba de tomarle declaración a la última testigo de la jornada. Son más de las 18.00 de un lunes y no queda nadie en los edificios de Tribunales sobre la calle Almirante Brown. En su oficina del segundo piso, el magistrado recibe a No Ficción Entrevistas para dialogar sobre los principales problemas y desafíos que afronta el sistema judicial provincial. Se trata de una voz calificada, hace ocho años que representa a los jueces de primera instancia en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y desde el año pasado ostenta la vicepresidencia del organismo.
Bonanno analizó de manera extensa y pormenorizada uno de los puntos más críticos del organismo y que repercute necesariamente en el servicio de justicia, que es la situación de las vacantes en el Poder Judicial: “El objetivo primordial del Consejo de la Magistratura es justamente llevar adelante el proceso de selección, que finaliza con la elaboración de una terna para que el Poder Ejecutivo lleve adelante finalmente el ultimo paso, que es la selección definitiva bajo la aprobación del Senado, de donde va a ser designado el magistrado en la provincia de Buenos Aires”.
– ¿Cuál es la situación de la justicia y el rol que le cabe al Consejo?
– La justicia está atravesando una situación inédita, muy grave, que a la hora de colocarle un título solemos referirnos como “la crisis de las vacantes”, que se empieza a agudizar a partir de 2018 cuando se produce una reforma a la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que acarrea a su vez a una nueva metodología en la forma de desarollar los concursos, generando complejidades y problemas de una magnitud inédita, que antes no teníamos. Hasta el año 2018, aunque el Consejo rondaba los veintitantos años de funcionamiento, había un compás de espera por demás razonable entre la producción de la vacante y el nuevo nombramiento que, en términos generales, rondaba el año y algo de trámite.
– ¿Cómo era la selección previo a la reforma?
– Con la reforma esto se transforma en un problema en sí mismo. Salimos de un sistema puro y simple que era tomar una sola prueba de oposición con preguntas de carácter teórico y un caso hipotético, en donde evaluábamos en un solo acto la expertise del postulante y luego de ello pasábamos a una entrevista que era obligatoria, pero que no tenía una incidencia final sobre el nombramiento, toda vez que el valor era conceptual pero no excluyente, y finalmente elaborábamos la terna en donde intervenían el 100 % de los postulantes que hubieran aprobado el examen escrito y la entrevista. No importaba el resultado final en el ranking sino la aprobación lisa y llana.
– ¿La reforma complicó todo? ¿Cuál es el balance?
– Hay dos versiones de lo que significó la reforma. Una, que es la escrita, que fundamenta que la ley persigue una profundización del proceso de selección mediante la jerarquización con un sistema meritocrático; en contraposición, yo otra lectura, que bien podría decirse subjetiva, en donde sostengo basado en hechos comprobables y acreditados que lejos de cumplirse con dicho objetivo, la ley solo trajo atraso y vaciamiento del Poder Judicial, por la imposibilidad de cumplir en tiempos razonables con lo que la ley regula. La complejidad del nuevo proceso legal hace que salgamos de un proceso de una sola etapa para pasar a uno que tiene cuatro: la prueba escrita sobre un caso; el examen oral técnico; un proceso de aptitud psicológica y psiquiátrica; una entrevista que tiene una incidencia sobre el resultado final, para ir a una cuarta etapa en donde se confecciona el orden de mérito sobre el cual el Consejo establece una cantidad cerrada de postulantes. Cada una de estas etapas tienen una faz recursiva, por lo cual se verá sin esfuerzo la complejidad del proceso. Esta complejidad de ninguna manera se condice con un Consejo de la Magistratura creado por la Reforma de 1994 y con la ley sancionada en donde se pensó en un Consejo formado cuatro estamentos: legisladores, presidentes de los colegios de abogados, los legisladores -del oficialismo y la oposición- y el Poder Judicial, compuesto por un ministro de la Corte quien preside el cuerpo, un juez de primera instancia, otro de segunda instancia y un representante del Ministerio Público. Un cuerpo extra poder, con un carácter claramente no profesionalizado con un Consejo muy acotado de empleados y colaboradores, con escaso presupuesto, sin ninguna clase de salario para sus consejeros, y un viático por movilidad apenas simbólico, con una cadencia de funcionamiento fijada en una vez a la semana para dar tratamiento y elaboración a todo el proceso de selección.
– ¿Qué generó todo esto?
– El problema hoy por hoy más grave que afronta el Consejo es la Ley misma. La imposibilidad de agotar en tiempos normales lo que es un proceso de selección. Para que se entienda con un ejemplo, hoy es natural hablar de órganos vacantes desde hace más de cuatro o cinco años. Ya en tiempos de la discusión parlamentaria de la ley advertimos a legisladores y al entonces Poder Ejecutivo, que estas serían sus consecuencias. Tal es así, que para poder funcionar, por unanimidad hace casi dos años remitimos un proyecto a la Legislatura pidiendo la suspensión de 1 de los 4 pasos que tiene el proceso que es el examen oral. Se suspendió dicha etapa por dos años, lo cual no deja de ser un parche, que se vence este año. Estamos prácticamente en una cadencia de trabajo que si bien no es la parálisis misma del funcionamiento de Consejo, obviamente sí significa un ritmo que no es el adecuado para dar respuesta a la crisis que tenemos. Recurro a otro ejemplo: hoy superamos mas de 1600 postulantes que aprobaron la etapa escrita, siendo que cada uno nos toma un lapso de entre 20 minutos a una hora para rendir la prueba oral. Se necesitaría de un año calendario para agotar dicha etapa.
– ¿En números qué implica?
– A partir de mediados del año pasado pusimos en marcha más de 42 concursos, hicimos 2 convocatorias y actualmente sumamos una tercera y una cuarta. Con lo cual estamos cerca de un número cercano a los 60 concursos para tratar de cubrir algo cercano a las 600 vacantes. Sin embargo, la complejidad del proceso hace que avancemos lentamente y sectorizadamente. A la fecha, después de poner en marcha este proceso ya estamos teniendo los resultados de las primeras postulaciones, que son la de los jueces de Paz que representan una porción importante de la totalidad de vacantes que tiene el fuero. Estamos cercanos a las 25 vacantes de los jueces de Paz y hace 2 semanas elevamos 10 ternas. Ni siquiera votamos el 50% de los jueces de Paz. Pero absolutamente en todos los cargos de la estructura hay vacantes, tenemos a la fecha más de 120 vacantes de fiscales, más de 55 vacantes de jueces de Tribunal de Trabajo, más de 55 de jueces de Tribunal Criminal, más de 40 vacantes de defensores oficiales penales. Y así podría seguir con la enumeración de todos los cargos que hacen al ministerio público y de la jurisdicción.
– ¿Tiene solución en el corto plazo?
– La gran decisión que se está postergando y que no es una decisión que pueda tomar el Consejo, la debe tomar la política y cuando digo la política es política con mayúscula. La responsabilidad es por igual del oficialismo y de la oposición que deben conducir los destinos de esta provincia. Tenemos una Ley que no encaja con un Consejo no profesional. O profesionalizamos el Consejo y quienes vayan a desempeñarse trabajan los 365 días del año en el proceso de selección, liberándolos de sus otras responsabilidades, o volvemos a un proceso puro y simple que un Consejo integrado por 18 personas titulares y 18 suplentes que, trabajando a la par denodadamente puedan desarrollar con el compromiso que significa reunirse una vez a la semana y cumplir con los objetivos del proceso de selección. Amén de ello, hay otro problema: oficialismo y oposición deben ponerse de acuerdo luego en la selección de la terna que nosotros hacemos, pero eso ya no depende de nosotros.
– ¿Cómo repercute en el servicio de administración de justicia?
– El servicio de administración de justicia con esta crisis de vacantes se resiente permanentemente. Yo partiría de dos realidades: la primera, aún en el ideal de tener todo lo creado, siempre sería menos de lo necesario. La ley orgánica de tribunales que es la que establece qué cantidad de órganos son necesarios para la debida administración de justicia, se modifica y se amplia innecesariamente. Los legisladores muchas veces prevén la puesta en funcionamiento de departamentos judiciales y de dependencias que hoy, a años de sancionada la ley, todavía siguen sin ponerse en funcionamiento por falta de presupuesto básicamente, pero también por decisión política. Por ejemplo, todavía no sabemos qué va a pasar con la reforma laboral en la provincia de Buenos Aires: si los tribunales se van a convertir en juzgados unipersonales y vamos a crear una Cámara en casi todos los departamentos o no. Hay que destacar el alto compromiso de los actores que a través de un sistema de subrogancia hacen que este flagelo se note los menos posible. Los hombres y mujeres que estamos dentro del sistema de administración de justicia tenemos que multiplicar los esfuerzos por la gran cantidad de vacantes que tenemos. Sería injusto pensar que la calidad de lo que estamos produciendo es la misma, evidentemente el tiempo y la cantidad de demanda que hay implica que cada vez podemos dedicarnos menos a un solo proceso y esto implica también lógicamente tener que producir más rápido el pronunciamiento, lo que no necesariamente va de la mano con el mejor pronunciamiento. No es el camino debido, nadie en este proceso puede santiguar que esto es lo que se merece el ciudadano de la provincia de Buenos Aires. El flagelo de las vacantes las tenemos y el flagelo de lo que produce las vacantes en los hombres que quedan a cargo del Poder Judicial está a la vista. No quererlo ver es otra historia, pero el problema no es solo un número, no es solo una estadística. Es mucho mas profundo.
– ¿Esto es un cuello de botella coyuntural o no va haber cambios?
– Nosotros venimos avisando desde que se gestó en 2018 esta reforma, que iba a dinamitar el proceso de selección y lo único que hemos conseguido es suspender por dos años una de las etapas. Esto significa que hay un convencimiento de que este es el camino de salida. En lo personal tengo la convicción de que es la garantía de un proceso de vaciamiento del Poder Judicial. No hay posibilidad de que con esta estructura legal, el resultado sea otro. Independientemente de la mejor y absoluta buena voluntad que tienen cada uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, porque quiero destacar el compromiso de los funcionarios y empleados que componen este cuerpo. En tiempos en donde la institucionalidad parece haberse perdido, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos es un ejemplo de ello. Frente a las dificultades descriptas, la herramienta más efectiva que hemos encontrado es la capacidad de consenso alcanzada, que se refleja semana a semana, adoptando sus decisiones por unanimidad, lo cual es un mérito de todos y de cada uno de sus miembros, deponiendo permanentemente convicciones personales o ideológicas, para darle paso a la construcción mancomunada de un camino que nos acerque lo más posible a alcanzar la responsabilidad que nos delegó la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, un proceso de selección que garantice luego la debida administración de Justicia.
– Las criticas de la sociedad, pero también de la dirigencia política, tanto del oficialismo y la oposición, hacia la justicia, ¿tienen que ver con esta crisis?
– Yo creo que el funcionamiento de la justicia y la imagen que la gente tiene de la justicia es un todo. Y voy a empezar quizá por el costado que creo que por ahí menos incidencia tiene, pero no le quiero esquivar al bulto a la pregunta. Evidentemente, el Poder Judicial tiene actores y ha tenido actores que no han estado a la altura de la circunstancias, cada una de las destituciones que han ocurrido a través del juicio político es una prueba ineludible de que hubo errores en el proceso de selección. Ahora, este no es el problema más importante que tenemos como administración de justicia. Históricamente, arrastramos un problema de imagen y de comunicación. Venimos de una cuna en donde se les dijo a los jueces y a la ciudadanía que los jueces hablan por sus sentencias. Podrá ser una verdad encorsetada en la legalidad, pero no es el reflejo de lo que la sociedad reclama hoy del Poder Judicial. La sociedad reclama un Poder Judicial empático con la necesidad de la gente, transparente en sus resoluciones, cualquiera sea el actor: asesor, juez, fiscal, que en cualquiera de sus etapas tenga un despacho de puertas abiertas. La transformación de la imagen del Poder Judicial no solo descansa en la letra de los diarios y en los minutos de un noticiero que descalifique a un magistrado. Depende de la empatía con que nosotros trasladamos en cada uno de los actos en los que intervenimos para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. No voy a descargar en los medios masivos de comunicación la mala imagen de la justicia. Pero quizás no ayuda mucho hablar de la puerta giratoria gratuitamente cuando la provincia de Buenos Aires tiene un exceso de prisionización de los más altos de América. Tenemos mas de 20.000 presos alojados en base a la capacidad edilicia que tenemos. No hay puerta giratoria. Sí puede haber la resolución de un magistrado o la resolución de un fiscal que llama la atención a la ciudadanía. No hago una defensa corporativa, pero sí hago una defensa de la realidad. Los números marcan que no hay puerta giratoria y también la realidad marca que hay un gran compromiso empático de la mayoría de los funcionarios y magistrados que integran el Poder Judicial para llevar adelante la administración de justicia. Llevar adelante esta función con más de 750 vacantes sin quejas no hace más que ratificar el gran compromiso que tenemos con la administración de justicia y con el ciudadano.
– ¿Los recursos con los que cuenta la justicia son suficientes para satisfacer estas demandas?
– Creo que los recursos de ninguna manera son los suficientes. El Poder Judicial requiere de una decisión del poder político para transformarlo y reside sin dudas en otorgarle su propia Autarquía financiera, para que tenga su propio plan de crecimiento independientemente de lo que son las necesidades o decisiones que pueda tener el poder político. Esto como primera cuestión. Después, los recursos que posee la justicia son híper magros. Las partidas presupuestarias que se le destinan apenas si cubren lo que es la masa salarial. No hay inversión destacable en infraestructura o servicios, más de una vez somos noticias porque afrontamos intimaciones o juicios de desalojos por falta de pago de los cánones locativos donde funcionamos. No hay una previsión presupuestaria que permita la puesta en marcha de nuevos departamentos judiciales, o dependencias que ya han sido creadas, ni hablar del mobiliario, o reformas estructurales totalmente imprescindibles. Además choca con otra realidad que es el recurso humano, porque la provincia de Buenos Aires en materia salarial, en el Poder Judicial, en el comparativo nacional está en el orden décimo octavo entre todas las provincias del país. No voy a decir tampoco que los magistrados y los funcionarios tienen por ello un salario de pobreza. Pero sí es un dato de la realidad que un tercio de los empleados que nosotros tenemos tienen salarios por debajo del índice de pobreza. Quienes desempeñan iguales funciones en Capital Federal tienen un salario que supera casi en el 100% de lo que percibimos de este lado de la General Paz. Esto provoca migración permanente del recurso humano y una injusticia en sí mismo. A igual trabajo, igual remuneración. Creo en un Estado provincial que equilibre más las compensaciones, para que las mejores personas, y más capacitadas, tengan el incentivo de pertenecer al mismo, en beneficio del ciudadano de la provincia de Buenos Aires y no de otro Poder Judicial o una corporación privada.
FUENTE: