Un proyecto de ley busca modificar un artículo de la Ley 13.661 que fija las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios.
Los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la provincia se manifestaron en contra del polémico proyecto de ley para crear el cargo de Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, con la intención de dar impulso a los tiempos de los procesos en denuncias contra jueces.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, expresó su grave preocupación ante el proyecto de modificación de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que propone crear una figura que deberá velar por el cumplimiento del impulso procesal y representar subsidiariamente a las personas físicas o jurídicas que efectuaran denuncia sin patrocinio letrado ante la Comisión Bicameral.
Evidentemente, ese proyecto fue elaborado sin la consulta a los representantes de los magistrados y funcionarios, ya que el apartamiento de un magistrado, ya sea por destitución o por suspensión, conlleva la privación a los justiciables de la garantía del Juez Natural, que está expresamente contemplada tanto por la Constitución Nacional, como por la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial expresó en un comunicado que “proponer la figura de un Procurador Permanente, sin establecer requisitos para su nombramiento, ni parámetros de idoneidad en su función, ni de quién dependerá su designación, no protege los principios constitucionales mencionados y sienta las bases para transformar institutos creados para garantizar derechos ciudadanos en instrumentos que pueden ser utilizados para afectar la independencia del Poder Judicial”.
Al mismo tiempo, los magistrados bonaerenses cuestionaron la pretensión de los autores del proyecto de agilizar los tiempos del proceso, al señalar que “el tiempo que requiere imponer justicia no es un tiempo perdido, forma parte del camino hacia la resolución de un conflicto”.
Y, tras resaltar la necesidad de “fortalecer las instituciones y evitar la tentación de soluciones efectistas”, afirmaron que las últimas modificaciones, a la ley y las que se proponen “provocan un lento y paulatino acercamiento a otros modelos de destitución, que habilitan la arbitrariedad y la falta de idoneidad y de transparencia, tan necesarias en este tipo de órgano.
Por su parte, Cristina Fioramonti, jefa del bloque oficialista de senadores bonaerenses, repudió las declaraciones vertidas en el comunicado y remarcó que se trata de un puñado de jueces arraigados en prácticas corporativistas que se siente amenazado por cualquier acción que proponga ampliar la democratización del Poder Judicial.
